Por: Lucía Lantigua — El gobernador Pedro Pierluisi apuesta un plan antiviolencia multisectorial para atajar la criminalidad,
incluyendo elegir contraponer en el escenario la pronta implantación del Plan Integral de Reconstrucción Social y Prevención de la Violencia que anunció hace varios meses.
En momentos en que se percibe en la isla un alza en asesinatos, el primer mandatario prefiere enfocarse en las estrategias que se implantarán pronto en la isla.
Todavía, cuando en lo que va de 2024 han ocurrido cuatro asesinatos más que los reportados para la misma fecha el pasado año, Pierluisi prefiere enfocarse en que los casos reflejan un 30% menos que los registrados en el 2021, un periodo en el que por el encierro de la pandemia se perpetraron menos delitos que en ocasiones anteriores.
He insistió que es correcto que ese más cuatro (asesinatos) cuando lo comparamos con el año anterior, pero si lo comparamos, por ejemplo, con el 2022 y 2021, es más baja la cantidad de asesinatos, el gobernador, reaccionó cuando se le preguntó sobre las estrategias del gobierno para atajar la criminalidad.
Datos de la Policía de Puerto Rico indican que en mes y medio transcurrido este año han ocurrido 75 asesinatos en la isla, cuatro más que los reportados para la misma fecha en el 2023. El 15% de las víctimas en estos crímenes son mujeres. Los datos señalan que de las 11 féminas asesinadas, cinco han sido feminicidios, tres de los casos vinculados a drogas, una a un robo y hay dos que ocurrieron en circunstancias desconocidas.
A esto le añadimos las tres masacres en el país, en hechos ocurridos en Ceiba, Yauco y Toa Baja, dejando un saldo total de 13 personas fallecidas.
“Cada vez que hay un asesinato y, peor aún, una masacre pues eso choca y afecta colectivamente. Intranquiliza a la población y con razón. Claro, esto último lo que vemos (masacre de Toa Baja) es que fue por narcotráfico y vemos unos gatilletos sin ningún tipo de sensibilidad y responsabilidad y respeto a la vida ajena, abriendo fuego a mansalva y, entonces, causando la pérdida de vida de personas que no tienen absolutamente nada que ver con este problema de narcotráfico”, expresó el gobernador.
«En tal sentido, reiteró -como hizo en los pasados días- iniciativas como 100×35, la cual acotó ha rendido frutos en términos de arrestos y procesamiento de gatilleros. Este esfuerzo se trabaja en alianza con autoridades federales como el FBI y la Fiscalía Federal», añadió el primer mandatario.
Sin embargo, indicó que ya esta a punto de caramelo el plan integral para prevenir la violencia y sostuvo que ya está en etapa de revisión el Plan Integral para la Reconstrucción Social y Prevención de Violencia en Puerto Rico que anunció hace unos meses.
“Ya lo revisé y le he dado el visto bueno y le estoy pidiendo al comité que se creó para coordinar la elaboración de ese plan que sea elaborado de forma multisectorial. No es el gobierno nada más. Aquí está la academia, sectores sin fines de lucro, las iglesias, los mismos medios de comunicación, entre otros, participando del proceso. El próximo paso es que se divulgue públicamente para ver qué comentarios recibimos. Estamos pendientes de que eso se haga en cualquier momento para entonces comenzar a implantarlo”, puntualizó sobre la iniciativa que responde a la orden ejecutiva (OE-2023-023), el cual está capitaneado por la abogada María del Carmen Muñoz.
El Comité Asesor del plan que mencionó el primer mandatario está compuesto por representantes de los diferentes sectores representados en las Mesas de Trabajo que se dividen en las siguientes ocho áreas: Familia, Ley y Orden, Educación, Organizaciones sin fines de lucro y Base de Fe, Salud, Comunidad y Vivienda Pública, Empresa Privada y Medios, y la Academia.
La estrategia busca el intercambio multisectorial de información sobre la prevención de violencia; identificar recursos a movilizar; identificar los objetivos y estrategias a corto y largo plazo; fortalecer y desarrollar capacidad institucional y de recursos humanos; establecer un marco de investigación sobre la prevención de violencia; promover programas de bienestar social; mejorar la captación integrada de estadísticas para informar las estrategias a realizarse; e integrar esfuerzos relacionados, tales como la Comisión de la Pobreza, las iniciativas de PARE contra la violencia de género, y otros proyectos vigentes.
Además, resaltó que a él le ha impactadó porque es innovador, es diferente, al expresar el gobernador, que para la elaboración del plan se utilizaron marcos de referencia y guías que han dado la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Esto considerando el uso de drogas es un problema de salud mental que afecta en grandes proporciones a la isla, particularmente, con la llegada local de sustancias como el fentanilo.
Con el esfuerzo, está dirigido a atender “la raíz del crimen” con estrategias específicas en el área de educación. Pierluisi añadió que también se hacen gestiones para expandir el programa de Drug Courts a las 13 regiones judiciales. Actualmente, este programa tiene impacto en 11 regiones.
De igual modo, el gobernador fue enfático al reiterar que nunca ha favorecido la “legalización” de drogas pero, al mismo tiempo, señaló que “me parece que los usuarios no deben estar en las cárceles…no me parece que la cárcel es la solución para la persona que tiene un problema de abuso a sustancia”. Insistió en que las medidas punitivas deben estar dirigidas a los narcotraficantes.
El exadministrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), Carlos Rodríguez Mateo, expresó públicamente el año pasado que la cifra de adictos a sustancias alucinógenas en Puerto Rico, podría haber alcanzado 200,000 personas, agregando que más adultos mayores y mujeres se están haciendo dependientes a estas drogas.
Entre tanto, en la rncuesta juvenil se demostró que el alcohol es la sustancia más consumida en edades tempranas, seguido de la marihuana, el tabaco y vapeo.
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