SAN JUAN — Ante las persistentes interrupciones en el servicio de energía eléctrica que han afectado a la ciudadanía, el representante del distrito 6, Angel Morey Noble, radicó el Proyecto de la Cámara 1993. La medida legislativa tiene como objetivo otorgar una deducción especial tanto a individuos como a corporaciones por los gastos derivados de la adquisición e instalación de protectores de sobrecarga en la entrada de servicio de energía eléctrica, como medida para salvaguardar los enseres electrodomésticos.
«Radicamos este Proyecto de la Cámara para proporcionar un crédito contributivo de hasta $350 dólares para la compra e instalación de protectores de voltaje en los contadores de energía eléctrica», explicó Morey Noble.
«Recibimos constantemente numerosas quejas de nuestros constituyentes debido a que los bajones de energía han provocado la pérdida de sus aparatos eléctricos, los cuales se queman o dañan, obligándolos incluso a adquirir nuevos debido a los altos costos de reparación», añadió.
El representante de los pueblos de Guaynabo, Cataño y Bayamón denunció que las comunidades pasan largas horas sin el servicio eléctrico o con poco voltaje. “Nuestra gente de Guaynabo son quienes más afectados se han visto, el poco voltaje y los relevos de carga son constantes. Tan cerca como el pasado fin de semana hubo unas mejoras programadas por espacio de 12 horas, no obstante el día siguiente (domingo), permanecieron entre unas 5 y 6 horas sin el servicio. Las llamadas no cesan para reportar los artefactos eléctricos dañados a consecuencia de estas averias”, dijo en declaraciones escritas.
La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) ya preparó un informe sobre la medida. El mismo indica que el impacto fiscal máximo pudiera ser de alrededor de 21.2 millones para el año fiscal 2025. La pieza legislativa estipula además que para acogerse al beneficio el contribuyente deberá acompañar con su planilla los recibos o facturas del gasto incurrido en la compra e instalación de este y que el mismo sea certificado por un perito electricista.
En el caso de industria o negocio, esta medida no tendrá impacto adicional al fisco ya que en la misma se asume que el costo para adquirirlo sea parte del gasto ordinario de un negocio. En el caso de individuos este alivio solo se podrá deducir de la residencia principal del contribuyente, sea propia o arrendada. Para el análisis de la medida, la OPAL utilizó datos contributivos del 2020 del Departamento de Hacienda. También indican que el impacto máximo para el próximo año fiscal 2024, podría alcanzar los 25.4 millones. Además, el informe detalla que bajo ciertas condiciones, el efecto fiscal del estimado pudiera ser menor.
Por su parte, la presidenta del (CPEPR), Frances T. Berríos Meléndez, destacó que el proyecto 1993 pretende auxiliar a las familias puertorriqueñas que experimentan pérdidas en electrodomésticos por inestabilidad de voltaje, pero además, atiende responsablemente el tema de seguridad eléctrica en el hogar.
“La seguridad eléctrica en el hogar es un asunto que atendemos con mucha responsabilidad en el Colegio de Peritos Electricistas. La inestabilidad de voltaje además de dañar electrodomésticos coloca en riesgo de electrocución a los miembros de la familia e incluso eleva la probabilidad de incendios en la vivienda. La instalación adecuada de un protector de voltaje para toda la estructura disminuye el riesgo de daños, e incluso, añade valor a la propiedad. Este trabajo tiene que ser realizado por un perito licenciado y colegiado. Al contratar servicios de instalación, reparación o mantenimiento de algún sistema de electricidad es importante que las personas exijan al profesional que le enseñe su carnet al día, para los peritos electricistas no es una ofensa, al contrario, nosotros lo mostramos con orgullo”, expresó Berríos Meléndez.
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